luchador Hulk Hogan ganó este viernes una demanda de 115 millones de dólares (102 millones de euros) en un proceso judicial que entabló contra la compañía Gawker Media por "violación a la privacidad", a raíz de la publicación de un vídeo de carácter sexual.
Tras seis horas de deliberación, el jurado dio la razón a la estrella de la lucha libre en un juicio que se inició diez días atrás en Saint Petersburg, Florida, y en el que Hogan alegó sufrir "estrés emocional" y perjuicios económicos por la publicación del vídeo en 2012.
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La decisión será apelada
Hogan, de 62 años y cuyo nombre real es Terry Bollea, demandó en 2012 al fundador del sitio de internet Gawker, Nick Denton, por publicar un vídeo de dos minutos de duración en el que se observa al luchador manteniendo relaciones sexuales con la esposa de un amigo.
Durante el proceso, Hogan señaló que la grabación del vídeo se realizó sin su consentimiento y ocurrió en un momento delicado a nivel personal, cuando andaba en un proceso de divorcio.
Tras conocerse el fallo, los abogados de Gawker señalaron que apelarán la decisión. La publicación en línea basó su defensa en el derecho a la libertad de expresión consignado en la Primera Enmienda de la Constitución.
Fuentes judiciales precisaron que el monto que recibirá Hogan puede aumentar la próxima semana, cuando el jurado determine si el demandante sufrió otro tipo de perjuicios
El deportista, cuyo nombre real es Terry Bollea, le pidió al portal que retirara la grabación de un minuto y 41 segundos donde apareceteniendo relaciones sexuales con Heather Clem, la esposa de su entonces mejor amigo, el locutor Bubba the Love Sponge.
Sin embargo, el sitio web rechazo la petición de Hogan y mantuvo el video en internet durante seis meses, siendo visto por millones de personas, consignó Infobae.
Ante esto, el ex campeón de lucha libre de 62 años demandó a la empresa acusando que fue “completamente humillado” y apuntando que la publicación de las imágenes afectó de manera negativa en su carrera profesional y a nivel familiar.
Por su parte, los demandados aseguraron que no obtuvieron ganancias con el video y que su publicación era de interés público, por lo que se acogían a la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
